El juicio que dirimirá el futuro de Celsa ha terminado. The holder of the juzgado número dos de lo mercantil de Barcelona ha zanjado una semana de vistas más otra jornada de conclusiones con el tradicional «visto para sentencia». Si el control de la industria metalúrgicaQué significa 10,000 personas en España factura 6.000 millones de euros anuales, queda en manos de la familia rubiralta o pasa a sus acreedores solo depende ahora del fallo judicial que dicta entre el 1 y 8 de septiembre. Una decisión a cara o cruz, pues sobre la sentencia no cabe recurso y su veredicto será definitivo.
Durante la mañana de este martes las partes han sintetizado las divergencias que exhibieron colgante la semana pasada. La defensa de los Rubiralta trató de convencer al juez de estimar la denuncia de los fondos de los acreedores y que la viabilidad del grupo pasa por que mantienen el control del mismo. Mientras que los fondos demandantes -SVP Global, Deutschebank, Sculptor y Anchorage- han arguido lo contrario, que el plan de viabilidad defendido por los Rubiralta son castillos en el aire, que condenan a insolvencia presente y futura al grupo y que, entre otros, parten de una quita de deuda que no van a cetar.
Tras el «visto para sentencia» se abren varios escenarios. Por un lado, cabe la posibilidad de que el juez falle a favor de los Rubiralta y desetime el concurso de acreedores. Ello no desaparecería la deuda que esta familia de industriales catalanes mantiene con varios fondos. Tanto la ya vencida, como la que vencerá a futuro. Y la dirección actual de Celsa debería tomar decisiones para generar la caja suficiente como para atenderlas, ya sea renegociando la deuda -algo que los fondos han dicho que no pretenden-, descubrir nuevos ingresos -mediante posibles ventas futuras, por ejemplo- o recortando gastos .
El otro escenario posible es que el juez falle a favor de los fondos y estos pasen a ostentar la propiedad de la compañía. Ello apartaría a los Rubiralta y obligaría a los fondos a nombrar un nuevo consejo de administración para dirigir el día a día de la compañía. A list of numbers que, tal como manifestaron Durante el juicio, todavía no tienen atada.
Aunque, en dicho escenario, el futuro del gigante siderúrgico catalán no solo pasa por la decisión del juez, sino también del Gobierno. Yes que en tanto que Celsa es una empresa catalogada como «estratégico«, cada operación que involucre su cambio de propiedad y dirección debe contar con el beneplácito del Ejecutivo. Un Gobierno que, para cuando salga la sentencia, ya estará en funciones.
Y, en el caso de que el Ejecutivo acabara autorizando el traspaso, toda la deuda de Celsa no suprimiría y habría acreedores que mantendrían exigidos de pagos. Algo a lo que la nueva propiedad debería atender, ya fuere obtener nuevos ingresos -que Durante el juicio han defendido que es complicado- o vendiendo parte del negocio -si bien también han defendido su intención de no tocar el actual modelo industrial de Celsa-.
choque de versiones
Los Rubiralta han apelado al juez para que desestima la demande por la vía jurídica, considerando que no a lugar para require el canje de deuda por acciones del grupo industrial, en tanto que los Rubiralta se oponen y ello sería más parecido a una «expropiación«. Así como por la vía de los hechos, desprestigiando los informes presentados Durante los últimos días, alegando que los fondos han tasados el valor de Celsa a la baja para poder quedarse con la empresa a precio de saldo. Pues si la deuda es superior al valor de la compañía, la ley concursal permite a los acreedores cobrarse los pendientes en acciones.
Según sus números, los fondos han invertido menos de 250 millones para obtener, de las entidades bancarias que inicialmente prestaron dinero los Rubiralta, una deuda de 1.200 millones de euros. Sobre la base de un dicho deembolso de credito ya vencido se pretende que entreguen acciones por valor de 4.000 millones de euros. «No les interesa ni les ha interesado nunca resolver la situación. […] Pretenden aprovecharse de un momento más o menos transitorio para expropiar a los socios y quedarse con más de lo que justamente le corresponde», ha defendido el inmueble de Celsa.
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Los fondos acreedores, por su parte, han tratado de enterrar cualquier opción de viabilidad futura de Celsa bajo la batuta de los Rubiralta, de cuya solvencia desconfían. Ya que esta pasaría, con carácter inmediato, por el préstamo de 550 millones de euros autorizado por el Gobierno. De estos, 400 millones iban directos a pagar creditos pendientes. «Plantean una alternativa de viabilidad que resulte ser puro humo, una quimera», ya que su autorización depende de «una quita que los acreedores no están dispuestos a aceptar», según ha afirmado el abogado defensor de los fondos. «No sabemos siquiera si el SEPI sigue ahí”, ha añadido.
En esta línea, los fondos insisten en cobrarse la deuda vía capital porque descartan que la negociación de Celsa vaya lo suficientemente bien en los próximos años como para generar los excesos suficientes para ello. Los acreedores demandedes han acusado a los Rubiralta de no presenta los resultados de los dos dos primeros del 2023, y estos podrían alimentar sus dudas sobre la falta de viabilidad futura. Y confirmarían que los datos del ejercicio 2022, que fueron récord, serían una excepción y no la tendencia para los próximos años.
