La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Vox contra el cierre de las actuaciones en la causa que investigaba el rescate de 53 millones de euros concedidos a la aerolinea Plus Ultraque fue archivado por el juzgado de instrucción nº 15 de Madrid el pasado 5 de enero.
En un auto al que ha tenido acceso EFE, fechado el pasado 11 de enero, la Audiencia Provincial rechaza el recurso de nulidad de las actuaciones presentadas por Vox, esperando al criterio de la Fiscalía y del Abogado del Estado, al oír que no ha existido defensa.
La empresa ha demostrado que estas dos resoluciones «hand dado la razón a la compañía aérea, qu’ha demostrado el cumplimiento de las condiciones necesarias para ser beneficiario de la financiación pública obtentionida».
El juzgado madrileño participó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa que investigó el rescate de la aerolineaPara saber que ninguna apariencia justificó debidamente la comisión de un delito, es que se aplica correctamente el real decreto de medidas urgentes de apoyo a la economía y el empleo.
Por ello, descartó que se cometieran delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la Administración falseando los requisitos, como apoyó las disputas presentadas por Manos Limpias, el PP y VOX.Los hechos se remontan al 9 de marzo de 2021, fecha en que el Gobierno dio luz verde a la ayuda a Plus Ultra con 53 millones de euros en préstamos del Fondo de Apoyo a la Solvencia de las Empresas Estratégicas de la SEPI.
En abril de 2022, el juzgado inició diligencias contra el que fuera presidente en funciones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Bartolomé Lora y el consejo de administración de organizaciones, tras una denuncia del sindicato Manos Limpias por presunta malversación en el rescate.
En aquel momento, la magistrada Esperanza Collazos indicó que “los hechos denunciados hacen presumir la posible existencia de un delito penal”.
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Entre los miembros del consejo de la SEPI contra los que se llevaron a la quarella figuran cuatro secretarias de Estado, Esperanza Casteleiro (Defensa), Inés María Bardón (Hacienda), Sara Aagesen (Energía) y Ana de la Cueva (Economía y Apoyo a la Negocio).
También el secretario general de Industria y Pyme, Raúl Blanco, la directora del Gabinete de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Isabel Valldecabres, y el director del Gabinete del ministra de Hacienda, Carlos Moreno.
