Lun. May 20th, 2024

El Gobierno y los representantes de las diferentes comunidades autónomas se han mostrado eficaces de promover un Pacto Nacional por Vivienda con el fin de solucionar los problemas de accesibilidad existentes en el mercado. En un debate organizado por el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), representantes del Ministerio de Transportes, Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía, Generalitat de Catalunya y Comunidad Valenciana han debatido y expresado sus diferencias sobre las medidas que pone marche la Nueva Ley de Vivienda.

Javier MartínDirector General de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, las organizaciones desde el que se ha promovido la nueva ley, ha sido el más conciliador: «Compartimos objetivos e instrument. Nos toca en los próximos años que todas las administraciones nos focalicemos en generar vivienda como no se ha hecho en toda la democracia. El pacto por la vivienda va a ser un hecho. En el fondo, hoy en día, todas las fuerzas políticas y administraciones estamos volcadas con la vivienda y esto refleja que hemos tenido un déficit en las décadas anteriores».

En la misma línea, Elena Azcárragadirector general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valencia, ha apuntado que llevamos décadas de retraso y que, a pesar de que el tema de la vivienda está «muy polarizado y politizado» todas las administraciones tienen políticas muy parecidas y están de acuerdo en que se necesita más presupuesto para ampliar el parque público.

María José Piccio-MarchettiDirector General de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madridha señalado, por su parte, que «ojalá todas las administraciones sean capaces de encontrar puntos de encuentro».

Concesiones administrativas

Los participantes en el debate, que se celebra en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, han defendido la colaboración público-privada como herramienta para ampliar el parque público alquiler a precios asequibles.

«Nuestros hemos propuesto construir 10.000 viviendas entre 2023 y 2026, 2.155 vanos de la promoción directa con el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). También vamos a promover en colaboración público-privada y 4.000 se construirán con Fondos Next Generation», ha prometido Silvia Graudirector de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

alicia martinez, secretario general de Vivienda de la Junta de Andalucía, explicó que a su comunidad le es lícita la puesta en marcha de 3.500 pios, a través del derecho de superficie. Además, Martínez ha defendido la política de vivienda social puesta en marcha desde su comunidad: «Andalucía tiene el mayor parque público de España, con el 45% de las viviendas sociales. En total, sus 75.000 viviendas gestionadas por la comunidad, junto con las que tienen los ayuntamientos».

El representante de la Comunidad de Madrid pudo relevar que, además de las 25.000 viviendas sociales de la región que tiene la región, habrá otras 6.600 en el programa pactado como ‘Plan Vive’. Este miércoles se publicó una nueva licencia para construir 1.900 nuevas vidas en colaboración público-privadacon subvenciones ligadas a los Fondos Europeos.

La Comunidad valenciana también cuenta con su propio plan de colaboración público-privada, que recientemente fue adjudicado a Urbania y Visoren. La Generalitat cederá parcelas a estas compañías privadas, que construirán 1090 pies con alquileres que estan por debajo del precio del mercado.

Diferencias en la Ley de Vivienda

Donde han mostrado sus diferencias los representantes de las distintas administraciones es en la aplicación de la Ley de Vivienda. El representante del Ministerio de Transportes ha asegurado que «la política de vivienda no se soluciona con una medida, sino con un conjunto»en referencia a la nueva regulación del mercado residencial es una norma más dentro del abanico de propuestas del Ejecutivo.

Mientras, comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, han criticado los topes al precio del alquiler y las medidas que consideran favorables a la okupación. «Van a lograr el efecto contrario al que pretenden, que tengamos una reducción del número de viviendas en alquiler y un aumento de preciosademás de generar inseguridad jurídica», ha apuntado María José Piccio-Marchetti.

Alicia Martínez explicó que, en su opinión, la ley aprobada recientemente «para invadir las competencias de las comunidades autónomas y que es simplista en las propuestas para solucionar el problema».

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El líder valenciano ha defendido las nuevas medidas del Gobierno central y que ya se vienen obligado en sus territorios. “Es interesante la Ley de Vivienda porque contiene medidas urgentescomo la protección de personas vulnerables o topes a los alquileres, y de largo plazoas el reto de contar dentro de 20 años con un 20% de parque público para que estas zonas que se han declarado tensionadas dejen de estarlo», ha dicho

Silvia Grau, minetras, ha indicado que en Catalunya no hay vivienda, los precios son caros y hay una vulnerabilidad alta y por tanto que la ley crea un marco de protección a los inquilinos. «Tenemos una corona metropolitana donde el precio del alquiler está muy tensionado. Por otro lado, cuando hablamos de vivienda tenemos que hablar de recursos, que quiere decir dinero. Esta ley no ha venido para castigar, sino para zonas regulares tensionadas y para que el acceso a la vivienda sea mas facil«, concluyó el portavoz de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.