El proyecto de ley por el qu’a la nueva Autoridad del Cliente Financiero, una nueva agencia de supervisión qu’unificará los criterios para gestionar las quejas entre clientes y bancos, afrontará esta semana su último trámite en el Congreso con su debate y votación en Pleno. Salvo sorpresa de última hora, la Cámara Baja aprobará este proyecto de ley después de habit superado su fase en comisión con el único rechazo de Vox –que presentó en su momento una enmienda a la totalidad por no considerar necesaria la Autoridad– y la abstención de PP y Junts. Eso sí, para haber obtenido los suficientes apoyos, el texto original ha sido enmendado por varios grupos durante la tramitación parlamentaria.
La modificación más relevante, y que será la que más escollos levante al principio, será la tasa con la que se financiaría este nuevo organismo. En un principio, el Gobierno proponía una tasa fija de 250 euros que los bancos tengan que pagar cada vez que la Autoridad admitiera un trámite una queja de un cliente. Esta idea fue rechazada por varios grupos parlamentarios y también por el sector bancario.
En el embargo, el Ministerio de Asuntos Económicos abrió una negociación sobre la financiación del ente, por lo que la fórmula final es bastante diferente del plantamiento original. Así, varios grupos llegaron a acuerdo mediante una enmienda de transacción para aplicar un nuevo sistema que premie a los bancos que más acuerdos alcanzaron con sus clientes y castigue más a aquellos que menos cumplen. La nueva idea, que se incluye en el formulario de la Ponencia, no exigirá 250 euros por reclamación, en caso contrario la Autoridad Financiera cobrará una tasa anual que variará en función de la entidad y alcanzado acuerdos.
Enmienda sobre morosidad
Pero el proyecto de ley no sólo regula la creación de este nuevo ente. También incluye otras modificaciones legislativas relativas al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en materia de subvenciones. Sobre este último punto se introdujo a última hora una enmienda para permitir a empresas morosas participar en subvenciones por encima de los 30.000€ con cargo tiene los fondos europeos.
En concreto, se hará una nueva disposición que modifica la Ley 38/2003 General de Subvenciones para permitir a empresas emprendedoras acogerse a las ayudas desplegadas en el marco del último decreto anticrisis, aprobado en diciembre de 2022. Eso sí, se hará una revisión a los seis meses y si la empresa no está al corriente de pago le será exigible el cobro efectivo de la subvención de formación íntegra.
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No fue este el único cambio introducido en comisión. También se agregó una nueva fórmula para flexibilizar la forma de fondos de los proyectos elegidos en el marco de las ayudas del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica de Microelectrónica y Semiconductores, el conocido como Ficha de pérdida.
Asimismo, incluiremos nuestras relativas modificaciones para garantizar una mayor atención en los banquillos a las personas con discapacidad y un mayor castigo en forma de pluridolencias que se presenten con enfermedad.
