La decisión del Gobierno Central de demoler cansado Presas del embalse de Valdecaballeros (Badajoz) ha levantado una enorme crítica por parte de las quejas de la Junta de Extremadura, los ayuntamientos de los municipios de alrededor y los vecinos de la zona. Alimentado además por la alarmado por el sequía y por el debate general sobrio el desmantelamiento de azudes y embalses en otras zonas de España.
En la polémica se suman también de lleno Endesa e Iberdrolalas eléctricas que compartieron la concesión de uso de las presas que se diseñaron para refrigerar los dos reactores que iba a integrar la central nuclear no nata de valdecaballerosque nunca mejoró por la moratoria aprobada en los ochenta por el Gobierno de Felipe González.
Las dos energías presentadas hace unas semanas enviando recursos de alzada ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para frenar la decisión del Propio Ministerio para la Transición Ecológica de hacerse cargo del derribo del embalse, según confirman fuentes de ambas compañías a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. Se trata de dos recursos diferentes pero de idéntica redacción y que se presentaron de manera simultánea.
La orden ministerial contempla, además, que Sean Endesa e Iberdrola las que suman el coste de los trabajos de derrumbe y gestión de todos los residuos de las instalaciones. Una antigua valoración de estas obras calculaban que la importación de las inversiones rondaría los 10 millones de euros, aunque las empresas estiman que el coste real sería muy superior. Los recursos de las eléctricas piden medidas cautelares para paralizar el encargo obligatorio de elaborar y presentar al Ejecutivo en menos de seis meses el proyecto de obras de demolición.
La Dirección General del Agua, adcrita al ministerio comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, dictó una resolución y mis diligencias que establecían el derribo obligatorio de la presa de Valdecaballeros. Endesa e Iberdrola renuncian a la concesión del uso privado del agua en 2021y el Gobierno ha emprendido ahora el proceso para el derrumbe del embalse y la recuperación total del río Guadalupejo -de la hidrográfica del Guadiana- has su paso por el municipio pacense.
¿Quién es el dueño y quién paga?
Tras la moratoria nuclear de 1984 decretada por el Ejecutivo socialista de González, las obras de construcción de la central nuclear de Valdecaballeros se paralizaron en 1991 y en 1994 se establece la suspensión definitiva del proyecto. Durante 25 años todos los consumidores españoles han cobrado en su recibo una recarga para compensar la electricidad por la paralización de las centrales de Valdecaballeros y Lemoniz.
Endesa e Iberdrola esgrimen en sus recursos que desde 1994 de facto es el Gobierno el propietario de los terrenos y las instalaciones que quedan en pie (edificios abandonados que iban a coger los dos reactes) y las presas que se iban a utilizar la refrigerar la planta, y que Durante estos treinta años las compañías sólo han ejercido una labor de mera custodia de las tierras Así que, si el Ejecutivo finalmente ordena su demolición, los costes de los trabajos los debe de asumir el Ministerio o Enresa, la sociedad pública encargada de la gestión de los residuos nucleares y del desmantelamiento de la centrale.
Además, Endesa e Iberdrola considerando que la orden de demolición puede considerar que tiene carácter retroactivo, porque la legislación vigente cuando paralyzaron las obras de la central (ya su juicio cedieron la titularidad) sólo estableció que la concesión del uso privativo del agua simplemente revertía a la Administración al vencimiento del plazo de vigencia, pero posteriormente una reforma legal requiere la demolición por interés público.
En cualquier caso, las empresas traseras defienden además del mantenimiento de las instalaciones oír que no hay justificación facilitada por el Gobierno que explique por qué es inviable mantener las presas 30 años después de paralizar las obras de la Nuclear para las que se iban ha utilizado que el Ejecutivo no ha hecho un estudio previo del impacto medioambiental de la demolición en la zona.
El Gobierno Empieza Recular
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La Junta de Extremadura presentó allí su propio recurso de alzada ante el Ministerio para tratar de paralizar la decisión y mantener la presa por ningún habitante sido consultado previamente sobre el desmantelamiento, vulnerar la legislación medioambiental por afectar espacios de la natura 2000 rojo y porque puede generar «problemas de abastecimiento» a los municipios cercanos, ya que estos tienen tomas de agua -no regularizadas- para el suministro local.
Tras las protestas de la Junta, de los ayuntamientos cercanos y de los vecinos de la zona, el Ministerio para la Transición Ecológica ha comenzado a recular y se ha mostrado abierto a rectificar la decisión de demolición ante el interés de las administraciones por su mantenimiento y para utilizarlo para el abastecimiento de agua. Propia vicepresidenta Teresa Ribera ha apuntado este miércoles en el Congreso que es “perfectamente posible” esperando la voluntad de la Junta y que hay contactos con a la administración regional para estudiar el “modo” de ejecutarlo. De momento, la orden sigue en vigor y no hay decisión formal de revocación.
