La Real Federación Española de Fútbol ha acordado ser miércoles personarse en los posibles procedimientos judiciales que sirvieron del caso Enríquez Negreira, el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) que cobró un sueldo de Barcelona durante años a cambio de asesoramiento y mientras ocupaba una posición de poder en el organismo que regula el patrimonio arbitral. Además, el Departamento de Integridad inició este mismo miércoles una solicitud de información reservada tanto para los responsables del CTA como del FC Barcelona. «Cuando se disponga de la información suficiente, la federación adoptará las medidas correspondientes denttro del marco de legalidad que deberá imperar en todas estas situaciones», añade el comunicado.
La Federación pronunció así al respecto de las informaciones sobre el pago de, al menos, 1,4 millones de euros por parte del FC Barcelona al exvicepresidente de la CTA, Jose María Enriquez Negreira, entre 2016 y 2018. El organismo presidido por Luis Manuel Rubiales, que renovó la cúpula directiva del comité arbitral tiene su institución en 2018, ha querido así devincularise de la polémica a través de un comunicado y ha asegurado que investigará el asunto y tomará medidas para evitar conflictos de intereses entre los árbitros y los equipos. La declaración de la organización llega después de que se conoció que el club azulgrana pagó a Enríquez Negreira por «informe relacionados técnicos con el árbitraje profesional», tal y como reconoció el propio club este miércoles.
La federación española confirmó en su nota de prensa que «tras las elecciones a la Presidencia de la RFEF a finales de mayo de 2018, con la llegada del actual equipo de gobierno, se renovó la cúpula del CTA, cesando a los anteriores directivos, entre los que se contraba el Sr. Enríquez Negreira”. De esta manera, la federación se desvinculó de la posible relación entre la presidencia de Luis Rubiales y las actuaciones de Barcelona y Enríquez Negreira.
La organización asegura que no existen conflictos de interés entre los miembros de los comités disciplinarios y de designación arbitral. La federación ha informado que obliga a los trabajadores a «detallar cualquier ingreso, al margen de lo percibido en la RFEF, que pudiera estar relacionado con el fútbol a los efectos de poder evaluar y verificar la efectiva y real inexistencia de conflictos de intereses».
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