LIMA, Perú (AP) — Un juez peruano ordenó el jueves que el derrocado presidente Pedro Castillo permanezca bajo custodia durante 18 meses mientras las protestas en todo el país provocadas por la crisis política no daban señales de disminuir y el número de muertos se elevaba al menos a 14.
La decisión del juez se produjo un día después de que el gobierno declarara un estado policial mientras trabaja para sofocar la violencia que ha sido particularmente feroz en las empobrecidas regiones andinas que fueron la base del apoyo de Castillo, un exmaestro de izquierda, él mismo de origen modesto.
La expulsión del neófito político cuya sorpresiva elección el año pasado condujo a un rechazo inmediato de la élite política ha llevado a miles de sus leales seguidores a las calles.
Cuarenta personas permanecieron hospitalizadas con heridas sufridas durante los disturbios civiles, según el Ministerio de Salud.
Las protestas estallaron después de que Castillo fuera destituido del poder por los legisladores la semana pasada, luego de su intento de disolver el Congreso antes de una tercera votación de juicio político. La crisis no ha hecho más que agravar la inestabilidad que azota al país, que ha tenido seis presidentes en otros tantos años.
La decisión del juez Juan Carlos Checkley Soria se produjo luego de que el Congreso despojara a Castillo del privilegio que impide que los presidentes peruanos enfrenten cargos penales.
Castillo y su equipo legal se negaron a participar en la audiencia virtual del jueves, argumentando que faltaban «garantías mínimas». Estuvo representado por un defensor público, quien dijo que la decisión del juez sería apelada.
El fiscal supremo de Perú, Alcides Chinchay, dijo en la corte el jueves que Castillo enfrenta al menos 10 años de prisión por rebelión.
Mientras tanto, un gran grupo de manifestantes, y policías con equipo antidisturbios, se reunieron en el centro de Lima el jueves por la noche. El gobierno también impuso un toque de queda de aproximadamente el anochecer al amanecer durante cinco días en al menos 15 comunidades, según lo permitido por la declaración de emergencia nacional emitida el miércoles.
Los manifestantes exigían la libertad de Castillo, la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y la convocatoria inmediata de elecciones generales para elegir nuevo presidente y congresistas. Quemaron comisarías, tomaron el control de una pista de aterrizaje de las fuerzas armadas e invadieron la pista del Aeropuerto Internacional de Arequipa, puerta de entrada a algunos atractivos turísticos de Perú.
Miles de turistas se han visto afectados por las protestas. El tren de pasajeros que lleva a los visitantes a Machu Picchu suspendió el servicio y los bloqueos de carreteras en la Carretera Panamericana bloquearon camiones con remolque durante días, estropeando la comida con destino a la capital.
En Cusco, un importante destino turístico, la gente quedó varada en hoteles y en el aeropuerto el jueves.
“Estaba por volar de regreso a Ecuador el lunes y lamentablemente nos dijeron que todos los vuelos habían sido cancelados por las protestas”, dijo Karen Marcillo, de 28 años, quien tuvo que dormir en el aeropuerto Teniente Alejandro Velasco Astete de Cusco.
El impacto en el turismo se produce cuando Perú aún se está recuperando de los efectos de la pandemia, que redujo las visitas el año pasado a 400.000 desde los 4,4 millones de 2019.
Durante su mandato, Castillo pasó gran parte de su tiempo defendiéndose de los ataques de un Congreso adversario y de investigaciones que van desde el soborno hasta el plagio. Ahora no está claro si Boluarte, alguna vez su compañero de fórmula y vicepresidente, tendrá la oportunidad de gobernar. Al igual que Castillo, es una recién llegada a la política sin base en el Congreso.
«Ella está haciendo un buen trabajo en este momento», dijo Cynthia McClintock, profesora de ciencias políticas en la Universidad George Washington que ha estudiado mucho a Perú. «Pero es un gran desafío».
Si bien algunos manifestantes «parecen querer algún tipo de inestabilidad a toda costa», dijo McClintock, otros vieron la destitución de Castillo como una oportunidad para ventilar agravios latentes, como la profunda desigualdad, la pobreza y la falta de servicios públicos.
Boluarte, sin embargo, puede tener cierto margen de maniobra por parte de los legisladores que buscan mantener sus trabajos. No pueden buscar la reelección y estarían sin trabajo si se programan elecciones generales al Congreso, como quieren los manifestantes.
Boluarte trató el miércoles de apaciguar a los manifestantes diciendo que potencialmente se podrían programar elecciones generales para diciembre de 2023, cuatro meses antes de la fecha que ella había propuesto al Congreso días antes.
Todas las muertes relacionadas con las protestas ocurrieron en comunidades rurales pobres fuera de Lima que son bastiones de Castillo, quien proviene de un distrito andino pobre y no tenía experiencia política previa.
En Andahuaylas, donde han muerto al menos cuatro personas desde el inicio de las protestas, ningún soldado salió a la calle el jueves a pesar de la declaración del gobierno que autoriza a las fuerzas armadas a ayudar a mantener el orden público.
Algunos dueños de tiendas de comestibles estaban limpiando caminos llenos de piedras y llantas quemadas, pero planeaban cerrar debido a las protestas esperadas lideradas por los residentes de las comunidades rurales cercanas.
La decisión de Castillo de disolver el Congreso se produjo cuando los legisladores iniciaron un tercer intento de juicio político desde su elección en julio de 2021. Después de que el Congreso lo derrocara del poder, el vehículo de Castillo fue interceptado mientras conducía por las calles de Lima con su servicio de seguridad.
Chinchay, el principal fiscal del gobierno, insistió en que Castillo era un riesgo de fuga y dijo que estaba tratando de llegar a la embajada de México para pedir asilo después de salir del palacio presidencial.
“No creemos que quisiera ir a la embajada de México a tomar el té”, dijo Chinchay.
Al pronunciar su decisión, el juez Checkley dijo que todavía existe un «riesgo concreto de fuga» y «permanece latente en el tiempo». Además de los aparentes esfuerzos de Castillo por comunicarse con la embajada de México, citó declaraciones del presidente y del canciller mexicano sobre la disposición de su país a ofrecerle asilo, y una visita a prisión que recibió del embajador de México en Perú.
El defensor público de Castillo, Italo Díaz, ha desestimado las afirmaciones de que el expresidente es un riesgo de fuga. Le dijo al juez que los hijos y la esposa del juez Castillo dependían de él y que podría regresar a su trabajo como maestro si lo liberaban.
Castillo está recluido en un centro de detención construido para presidentes en una instalación de la policía nacional. El jueves, policías con equipo antidisturbios se pararon frente al establecimiento mientras decenas de simpatizantes de Castillo se reunían durante todo el día.
La declaración de estado de excepción suspende los derechos de reunión y de circulación y autoriza a la policía, apoyada por el ejército, a allanar los domicilios sin autorización ni orden judicial.
El ministro de Defensa, Luis Otarola Peñaranda, dijo que el comunicado había sido aprobado por el consejo de ministros.
El miércoles, Boluarte abogó por la calma mientras continuaban las protestas contra ella y el Congreso. “El Perú no puede desbordarse de sangre”, dijo.
En una carta manuscrita compartida el miércoles con The Associated Press por su socio, Mauro Gonzales, Castillo pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que interceda por sus «derechos y los derechos de mis hermanos peruanos que buscan justicia». La comisión investiga denuncias de violaciones de derechos humanos y las litiga en algunos casos.
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