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La empresa digital de reparto acumuló más de 200 millones en sanciones en los tres últimos ejercicios
Glovo debera pagar 56,7 millones de euros al fisco por emplear en Madrid a falso autónomo y personas de origen extranjero sin permiso de trabajo. Así lo ha determinado la Inspección de Trabajo en una actuación en la que ha detectado 7.835 repartidores en situación de fraude, según ha adelantado ‘eldiario.es’ y ha podido confirmar EL PERIÓDICO de fuentes conocedoras de las actuaciones. Esta sanción es suma a otras macrooperaciones contra la empresa digital de reparto fundada en Barcelona y que ha saldado con multas y requerimientos por un importe total superior a los 200 millones en los últimos ejercicios.
La ‘policía laboral’ ha determinado que el modelo laboral de Glovo antes de entrar en vigor la ‘ley Rider’ no ajusta seba a derecho en Madrid, como tampoco lo hacía en Barcelona, Gerona, Tarragona, Valencia o Zaragoza, entre muchas otras ciudades españolas. Los agentes de la Inspección han dejado acreditado que los repartidores de la firma de las mochilas amarillas actuaron con falsos autónomos antes de la entrada en vigor de la nueva ‘ley Rider’. Sobre el periodo de vigencia de la norma no hay todavía actas de Inspección emitidas al respecto.
Es decir, estaban oficialmente dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por su propia, más habilidades, atribuciones y organización del trabajador, eran propios de asalariados. Yes que con este modelo Glovo se ha estado ahorrando dinero en cotizaciones, ya que un autónomo puede cotizar menos que un asalariado. Además, es el ‘rider’ el que asume dichas cotizaciones y no la empresa, que tampoco paga vacaciones, bajas por incapacidad temporal o excesos, entre otros.
En concreto, en Madrid, la inspección detectó un total de 7.022 repartidores ejerciendo como falsos autónomos, por lo que le ha reclamado a Glovo 19 millones de euros en concepto de cuotas impagadas y luego le ha impuesto otros 32,9 millones en concepto de sanción por reiteración. Yes que no es la primera vez que la firma fundada por piedra de Óscar es sancionado, ni la primera que es sancionada en la capital española. Ya en abril del 2019 la ‘policía laboral’ cerró una primera actuación en la que prolongaron que sus repartidores ejercían como falsos autónomos.
800 ‘horsemen’ sin permiso de trabajo
Una novela que ha destacado la Inspección de Trabajo en su actuación en Madrid, a diferencia de otras actas emitidas, es la presencia de personas de origen extranjero y sin permiso de trabajo repartiendo a través de su aplicación. En concreto, se acreditó la «policía laboral» sobre un total de 813 personas, por lo que fue sancionado con un Glovo con una importación total de 5,2 millones de euros.
El alquiler de cuentas de Glovo por parte de personas en situación administrativa irregular es común en las principales ciudades de España. Las personas que sí tienen permiso de trabajo se crean una cuenta en la aplicación para reparter y luego se la arrendan a otra persona a cambio de un porcentaje de sus ganancias futuras. El trapicheo de cuentas tanto en Glovo como en Uber ha proliferado en los últimos meses, a raíz del desafío de ambas plataformas digitales a la ‘ley Rider’, diseñado para obligar a las ‘apps’ a contratar como asalariados a sus repartidores.
Colgantes de la ‘ley Rider’
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Las actuaciones realizadas por la Inspección de Trabajo en Madrid, al igual que las demás macrooperaciones realizadas en Barcelona o Valencia, determinan una de las cosas y parte de una documentación recabada antes de la entrada en vigor de la ‘jinete ley‘. Es decir, la ‘política laboral’ ha determinado en estos casos que Glovo incumplía la normativa laboral con su modelo de entonces, más no puede extender dicha sustentada al momento actual, pues que -de momento-carece de pruebas.
Las inspecciones de Trabajo avanzan y están cerrando en caso de las plataformas con un año o más decalaje, partiendo de los antecedentes existentes desde 2018, cuando la ‘policía laboral’ emitió el primer parte de este tipo en referencia a Deliveroo -plataforma que dejó de operar en España poco antes de la entrada en vigor de la ‘ley Rider’-. Este ha sido hasta ahora el principal argumento de Glovo para seguir operando con ‘riders’ autónomos, alegando que ha ido introduciendo cambios en su sistema de organización del trabajo que hacen que ahora sí sus repartidores pueden ejercer como verdaderos autónomos.