La agenda para esta legislatura de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, está repleta y muchas de las reformas que pretende acometer en los próximos meses serán de gran calado para el mercado laboral: reducir el tiempo de trabajo; reformar en profundidad la indemnización por despido; modificar la regulación del empleo a tiempo parcial; o diseñar fórmulas de participación de los trabajadores en las decisiones empresariales son algunos de los 12 importantes cambios normativos que la responsable de Sumar está decidida a acometer en este mandato.
Durante su comparecencia este lunes en el Congreso de los Diputados para esbozar la hoja de ruta de su Departamento en la legislatura, Díaz ha apelado a la necesidad de negociar todos los cambios que pretende “en el diálogo social y parlamentario”. Sin embargo, ha sido muy clara a la hora de asegurar que la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas en esta legislatura se hará quieran o no quieran los empresarios. “Vamos a intentar un acuerdo tripartito (Gobierno, patronal y sidicatos), pero, si no, será bipartito (solo con los sindicatos); siempre en el diálogo social y con deliberación parlamentaria”, ha dicho firmemente Díaz en la Cámara Baja. Se trata de una advertencia que llega después de que Trabajo y los sindicatos hayan firmado sin la patronal un nuevo incremento del salario mínimo y tras duras críticas del líder de la CEOE, Antonio Garamendi, a los planes de Díaz para esta legislatura.
La ministra se ha justificado esta determinación en reducir la jornada al apoyo de los ciudadanos en general a esta iniciativa. En concreto, se ha referido a los resultados de la encuesta de 40dB publicada este lunes por EL PAIS y la Cadena Ser, en la que, según ha resaltado, “la reducción de la jornada es una de las medidas más apoyadas por la ciudadanía en el país; incluso por los votantes de la derecha y de extrema derecha”. Aunque no ha dado detalles de cómo se implantará este recorte del tiempo de trabajo, que ha dicho que beneficiará a doce millones de asalariados del sector privado —aunque muchos de ellos ya tienen una jornada inferior a 40 horas semanales vigentes desde 1983—, el acuerdo de Gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar, ya especificaba que en 2024 la jornada máxima pasaría a ser de 38,5 horas y en 2025 se pasaría ya a las prometidas 37,5 horas, ya establecidas en el sector público.
Ha añadido que dicha reducción “mejorará la vida de las personas; es una iniciativa es ecológica; tiene que ver con paliar los problemas de salud mental y con una gestión del empleo más eficiente”. Por eso ha insistido a los diputados: “Les anticipo que sacaremos adelante una reducción a 37,5 horas a la semana sin reducción salarial. Para aumentar el tiempo de vida, porque estamos en el primer cuarto del siglo XXI y la tecnología lo permite. Y esto se hará desde un reparto equilibrado de las tareas de cuidados y para aumentar los tiempos de formación, ocio o participación social”. Es más ha asegurado que dicha reducción propiciará una mejora de la productividad y esto se hará “de manera más equilibrada”.
Según los datos que ha aportado, “es ciencia, no ideología, que reducir la jornada laboral va a servir para mejorar la productividad en España. Desde 1995 a 2022 la productividad creció el 15,3% mientras que los salarios lo hicieron al 1,2%; ahí se ve que alguien gana y alguien pierde y esto hay que corregirlo, al igual que hay aumentar la participación de los salarios en la renta nacional, fijada ahora en el 48%”.
Un despido sin tasar
Otra de las reformas que formará parte de los 12 grandes cambios regulatorios anunciados este lunes por Díaz en su comparecencia parlamentaria tiene que ver con el rediseño de la indemnización por despido. Sus planes para ello se fundamentan, sobre todo, en que la futura indemnización en el caso de los despidos improcedentes, sea “un mecanismo que repare adecuadamente los daños causados cuando despido improcedente y que sera verdaderamente disuasorio para despedir sin causa”.
¿Que quiere decir esto? Díaz ha explicado que con los cambios que pretende introducir no se sabrá con anterioridad el valor de la indemnización por despido improcedente —como ocurre en la actualidad, porque se determina por el salario y los días de trabajo en la empresa— sino que la compensación va a depender de muchos otros factores”.
No ha citado sin embargo, qué elementos intervendrán a la hora de fijar estas indemnizaciones pero podrían ser algunos relacionados con la situación personal del trabajador (empleabilidad, edad, baja antigüedad en la empresa…) pero eso será lo que se negocie en el diálogo social y en el Parlamento. En cualquier caso, ha insistido en que la cuantía resultante debe ser “disuasoria” para el empresario que quiera despedir sin causa justificada. En este sentido ha recordado que existe la posibilidad de realizar otros ajustes de empleo, incentivados desde la pandemia, como las reducciones de jornada y sueldo o la suspensión temporal del contrato: “hoy en día no es necesario despedir en España”, ha sentenciado la vicepresidenta. Esta reforma del despido también limitará el despido de algunos colectivos como aquellos con invalidez permanente.
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