El Gobierno aprobará su anteproyecto de ley de funcion publica con el aval de un alcalde sindical. UGE allá CCOO se han posicionado a favor de la norma, mientras que csif ha decidido rechazarla, tal como han trasladado en la reunión mantenida este miércoles. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha renunciado a apartar del puesto a los funcionarios qui suspendan un test de merits, tal como adelantó EL PERIÓDICO, y logra así atraer a la mayoría sindical.
El departamento que encabeza María Jesús Montero ha cerrado este miércoles algo más de dos meses de negociación con los representantes sindicales de los empleados públicos. En diciembre de 2022, la primera versión del anteproyecto de ley pasó por audiencia pública y la previsión es que el próximo martes Hacienda lleve la versión final al Consejo de Ministros. De ahí saltará al Congresodonde el contenido puede estar sujeto a cambios y el Ejecutivo deberá buscar apoyos suficientes para su aprobación definitiva.
Las principales novedades del anteproyecto de ley son la agilización de los tiempos para la publicación y resolución de ofertas de empleo público, que se acortan de tres a dos años. También se crean dos nuevos complementos salariales, el de «complemento de carrera» y el de «desempeño» (que viene a sustituir al del productividad. better return muestren, también de cara a sus traslados.
«La ley supone una apuesta en pro de la dinamización de la carra profesional», han valorado desde UGT en un comunicado. No renunciamos a mejorarla vía enmiendas en el Congreso», apuntan fuentes consultadas de CCOO, que hasta el martes a última hora no acabaron de fijar una posición favorable.
«Favorece el enchufismo»
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Quien se ha descolgado del acuerdo es Csif, que tampoco operó con el Gobierno por insuficiente el acuerdo de subidas de sueldos para el periodo 2022-2024. Allí las otras dos centrales sí se tragaron la subida acumulada del 9,5%. Csif critica que la norma ometa regular el teletrabajo -una asignación pendiente en la Administración General del Estado (AGE)-, que mantienen los criterios de libre designación para el personal directivo -lo que considera que «favorece el enchufismo«- o que no ataque no el derecho a la júbilo parcial anticipado, entre otros.
Desde el sindicato también se han mostrado contrarios a las condiciones de movilidad between plazas de funcionarios que establece la norma, que, de facto, considerando que limitará la misma y obligará a los empleados que quieran trasladarse a estar hasta cuatro años de ejercicio antes de cambiar de puesto.
