Funcionarios del gobierno federal dicen que el Parlamento debería enmendar el Código Penal para permitir que los cooperantes canadienses ayuden en Afganistán.
Altos funcionarios le dijeron al comité de derechos humanos del Senado el lunes por la noche que han pasado un año tratando de ver si hay una solución en las leyes antiterroristas de Canadá.
Estas leyes prohíben a los canadienses comprar propiedades en Afganistán o contratar locales porque los impuestos pagados a los talibanes podrían considerarse contribuciones a un grupo terrorista, a pesar de las crisis humanitarias allí.
Otros países occidentales cambiaron sus leyes u otorgaron exenciones a grupos de ayuda hace un año, pero funcionarios dijeron que las leyes canadienses están desactualizadas y ofrecen poco margen de maniobra.
Los abogados constitucionalistas han argumentado que las leyes existentes son contradictorias y no enviarían a los trabajadores humanitarios a la cárcel.
Pero los funcionarios dicen que se espera que un juez se pronuncie sobre eso, muy probablemente después de que un trabajador humanitario haya sido acusado de un delito penal.
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