El Gobierno retasa un año la puesta en funcionamiento de la nueva tarifa regulada de la luzmenos ligada al valen de precios del mercado. La nueva tarifa de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC), que debería haberse puesto en marcha a principios de este año, entrará en vigor a partir de 2024según avanza ‘Cinco Días’ y ha confirmado el Ministerio para la Transición Ecológica.
En diciembre, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), rechazó la reforma que planteó el Gobierno al considerar que no podría dar las señales correctas e incluso podría aumentar el precio de la luz. Entonces, el Gobierno anunció su intención de «revisar» su propuesta, que finalmente enviado con fecha del jueves 30 de marzo al Consejo de Estado con el caracter de emergencia. Esta organización tiene 15 hábiles días de esa fecha para darse cuenta del dictamenhabrá de entonces cuando podrá ser aprobado por el Consejo de Ministros.
Más allá de la fecha de su puesta en marcha, apenas hay cambios entre ambos textos y la fórmula se mantuvo tal y como había anunciado el Ministerio para la Transición Ecológica hace unos meses. El precio de la energía –uno de los cuatro conceptos de la factura, junto a la potencia contratada, los impuestos y los conceptos regulados– se calculará no solo en función del precio del periodico mercado (el denominado ‘pool’), sino que una parte se vinculará al precio de la luz en el mercado de futuros, que es más estable. En concreto, existe una cesta de futuros donde el 10% corresponde a la producción mensual, el 36% a la producción trimestral y el 54% a la producción anual. Pero el cambio no será arrepentido, sino progresivode manera que la referencia de mercados a plazo representa el 25% del precio en 2023, 40% en 2024 y 55% en 2025.
este mecanismo Implica preciosos menos volátilespero no necesariamente más baratos. Así, según recoge tanto la CNMC en su informe, como el Gobierno en la memoria económica del real decreto ley anterior, en un escenario de picos de precios como el de los últimos meses, esta tarifa suavizaría los incrementospero en uno escenario estable –como había sido habitual antes de la guerra– podría suponer un alza.
El Gobierno reiterará en el borrador del real decreto ley que desde su creación en 2014, durante el Gobierno popular de Mariano Rajoy «este precio regulado se ha configurado como una de las ofertas de suministro de energía eléctrica más competitivas del mercado», pero añade que esa competitividad «se ha logrado a costa de una exposición alta de los agentes al mercado diariosocavando los incentivos a provisionarse por medio de instrumentos de cobertura a plazolo que se ha revelado como una debilidad en el contexto de la escalada alcista provocada por el efecto contagio del gas natural sobre los precios de la electricidad».
en el contexto de la discusiones entre aquí Comisión Europea y España y Portugal para poner en marcha el tope al precio del gas, España comunica a Bruselas su intención de reformar la tarifa eléctrica regulada con el fin de reducir su dependencia de la evolución del mercado diario. La Comisión Europea tomó nota de la intención española en su decisión de aprobar el mecanismo ibérico, donde expuso la expectativa de España de que la puesta en marcha de esta medida daría tiempo al Ejecutivo para promulgar la reforma de la regulada. Así, el Gobierno reclama dar luz verde a esta nueva tarifa a vez finalice la nueva prórroga del tope al gas el 31 de diciembre.
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Por otra parte, la nueva propuesta mantiene la limitación incluida en el anterior de dirigir solo a los consumidores domésticos y microempresasmientras que hasta ahora cualquier compañía con una potencia inferior a 10 kilovatios podría contratar el PVPC. Así, las empresas pequeñas y medianas con un contrato en vigor y que none cumplan los requisitos para acces al PVPC desde el 1 de enero de 2024 podrán continuar con esta tarifa “hasta que se produzca su vencimiento”.
Además, y dado que los consumidores con buenas relaciones sociales deben tener contratada esta tarifa, se incluye un nuevo componente en la estructura PVPC para reconocerlo el costo del bono social que deben apoyar a las comercializadoras de referencia y se incluyen el nuevo esquema de financiación (modificado por el Gobierno en el primer real decreto ley para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania) que disponía que el el coste será asumido por todos los agentes del sector (productores, transportistas, distribuidores, comercializadores y consumidores directos).
