Cambio de Rumbo. El paquete económico de 20 millones de euros que el Ministerio para la Transición Ecológica iba a destinar en forma de ayudas directas a los agricultores del campo de cartagena tendrá, finalmente, otros destinatarios. Este dinero estaba pensado para que los agricultores de la comarca impulsive en sus parlas a cambio en el modelo productivo que permitiera reducir el uso de fertilizantes y pesticidasevitar escorrentías, implantar mejoras ambientales en las fincas o reducir los retornos de riego. Sin embargo, aunque se mantengan estos objetivos, esas ayudas no irán directamente a las manos de particulares o empresas.
La Fundación Biodiversidad, entidad que depende del Ministerio de Teresa Ribera y quien ha gestionado la convocatoria, ha optado por destinar ese dinero a investigaciones o proyectos piloto experimentales que quieran dirigir tanto organizaciones agrarias, representantes de cooperativas, universidades, institutos científicos estatales o autonómicos, consejos o patronales agrarios, entre otros. Los conocimientos que se extraigan a raíz de esos trabajos deberían llegar hasta los productores, que podrán aplicarlos en el campo pero sin recibir financiación.
Esta línea de ayudas es uno de los pilares de la plan de recuperación del Ministerio para el Mar Menor, una subvención que desde el principio se anunció con la posibilidad de que el agricultor pueda acceder a la convocatoria. Este hecho ha provocado malestar entre las organizaciones agrarias y patronales del sector primario en la Región, que también son integrantes de la mesa de trabajo que se crearon para acordar cómo se iban a configurar estas ayudas, y que tuvo su última reunión el mes pasado.
La convocatoria apunta a que las ayudas se concederan para la «expulsión de proyectos piloto de carácter experimental» y para la «demostración de las mejores prácticas en el ámbito agrícola», con el fin de reducir «los impactos en origen en la cuenca vertiente del Mar Menor». El diseño de estas ayudas llevó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha visitado de nuevo la Región de Murcia para distintas reuniones, donde llegó a decir que se iba a actuar «paquete a paquete».
«No era lo que esperábamos»
Las organizaciones agrarias consultadas anotación mi malestar a este periodico por el cambio de destinatario. COAG asegura que el objetivo era inicial «ayudar a los agricultores« con este dinero, y que así lo constituyó el Ministerio en las primeras reuniones. «No era lo que esperábamos». Pesado, solicitarán una porción de esas ayudas para poder financiar el proyecto de investigación que realizan junto al CEBAS para reducir la fertilización en el campo. UPA remarcar que la convocatoria «no cumple el objetivo que plantó en su momento, que era ayudar directamente al agricultor». «transferencia de conocimiento» para que los productores apliquen las mejores prácticas agrarias.
4,7 millones para compensar la subida de los fertilizantes
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ingresará este lunes 4.761.939 euros en las cuentas corrientes de los 4.519 titulares de explotaciones agrícolas de la Región de Murcia, que se beneficiarán de las ayudas de Estado para compensar la subida del precio de los fertilizantes. Estas ayudas cuentan con una dotación total de 280.836.010 euros para los agricultores beneficiarios de todas las comunidades autónomas. La inversión se repartirá entre los 234.291 titulares de explotaciones agrarias que figuran en la lista definitiva publicada el pasado 31 de marzo por el Fondo Español de Garantía Agraria.
Desde Pro-exportación señalen que presentarán alegaciones para que se financien mejor los posibles destinatarios, y que el borrador pueda generar controversia. «Todo lo que implica conectar el trabajo científico con el empresarial es productivo y nos parece bien. Sin embargo, creo que se debe apostar en un principio por facilitar ayudas a los agricultores y no aprobar medidas restrictivas como las de la Ley del Mar Menor o las medidas cautelares sobre el acuífero».
parques agrícolas
Las propuestas podran recibir un mínimo de 300.000 euros allá un máximo de millones y debe estar finalizada antes de 2027. Entre las ideas propuestas por la Fundación Biodiversidad está la de crear parques agrícolas como un nuevo modelo de producción en la región, así como crear experiencias piloto que supongan una reducción del uso de agroquímicos allí agua”.
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Allá Fundación Biodiversidad alega que para esta convocatoria debe aplicar el reglamento europeo, lo que perjudicaria a los agricultores en el reparto de las ayudas. Par ello, se ha considerado»mucho más interesante» para dirigir las ayudas a «beneficiarios que los agrupen». Estas entidades tienen «la capacidad técnica y el tiempo para gestionar ayudas, de manera que se pueden contemplar proyectos más grandes y transformadoressin limitarse al costo total, pero donde los agricultores sean los destinarios de las acciones a través de otro tipo de colaboraciones y de su implicación en la transferencia de resultados, difusión del conocimiento, etc.
La Fundación asegura que la inmensa mayoría de los agricultores del Campo de Cartagena «está incluido dentro de alguna de las organizaciones of entes susceptibles para recibir estas ayudas. Todo el sector del Campo de Cartagena es beneficiario indirecto de esta línea”.
COAG aplica moratoria por “tsunami” de normativas en el campo
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Murcia ha pedido al Ministerio de Agricultura que retrase la entrada en vigor de la nueva normativa sobre fitosanitarios y nutrición sostenibles, e información de explotaciones agrícolas para que a los agricultores «les de tiempo a asumir los numerosos y exigir cambios”, según ha informado en nota de prensa.
En diciembre de 2022, fue publicado en el Boletín Oficial del Estado un decreto que establece el nuevo marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, y otro para la nutrición sostenible en los suelos agrarios.
Asimismo, se ha publicado una norma que regula el sistema de información de operaciones agrícolas y ganaderas, y obliga a llevar un registro autonómico así como un cuader digital, que incluye una cronología de todas las actividades que se realizan en las mismas.
El presidente de COAG Murcia, José Miguel Marín, ha advertido que «esta normativa afectará gravemente a la forma de gestión de las explotaciones y las prácticas agrarias, ya que supone nuevos costes que, en muchos casos, pueden llegar a hacerlas inviables, con un encarecimiento de la producción de alimentos».
Por ello, la organización agraria ha pedido una moratoria en el plazo de entrada en vigor previsto para el 1 de septiembre de 2023 «para que dé tiempo a resolver todas las dudas sobre su aplicación y evitar situaciones de déamparo».
