El Consejo de Ministros ha acordado solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad En su contra decreto extremo que obliga a tratar en Extremadura el litio extraído de sus minas, lo que implica que las fábricas de baterías que necesitan ser utilizadas son recurso solo pueden instalarse allí.
El 31 de agosto del año pasado, el Junta de Extremadura quien hace la silla socialista Guillermo Fernández Vara aprobó un norma autonómica para regular el aprovechamiento de las minas de litio de la comunidad que garantiza «que se explotan las reservas de litio (extremeñas), todos juntos en mi bicicletadentro de su territorio».
El objectivo de la norma es que el beneficio industrial se quede en la región. En términos prácticos significa que el mineral disponible en Extremadura –donde estan las minas de litio más grandes desde hoy el Unión Europea— solo se podrá utilizar para producir baterías en fábricas locales en esta comunidad. Una suerte de proteccionismo regional al que se opone el Gobierno central.
Según defiende el Ejecutivo en la referencia del Consejo de Ministros, reunión que se ha celebrado de forma extraordinaria para disolver las cortes tras la convocatoria de elecciones, las minas configurate como dominio publico y, dentro del dominio público, como dominio publico naturalque pertenece «en todo caso» al Estado, al formar parte de la riqueza nacional. «La supeditación de su riqueza al territorio autonómico implica quiebra de habilidades áreas en materia de igualdad de derechoslegislación civil y bases en materia mineral y energética, así como del principio de igualdad y del derecho de propiedad«, defiende el Ejecutivo.
Asimismo, afirmar que el establecimiento de una obligación del concesionario que el tratamiento y beneficio del litio se realice en Extremadura supone una «vulneración de la competencia estatal en materia de planificación de la economía, así como con los principios de unidad de mercado, de libertad de empresa y libre competencia».
Y añade que las concesiones mineras rigen supletoriamente por la normas contractuales del sector público y, por ello, el establecimiento de una obligación como concesionario supone una vulneración de la jurisdicción estatal en materia de contrato publico, al imponer una obligación que no guarda relación con el objeto del contrato. «Todo ello podría además vulnerar la normativa europea», agrega.
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Unos meses antes de que Fernández Vara aprobase esta norma, la líder de Unidas por Extremadura, irene de miguelle preguntó si existía algún pacto oculto con la fábrica de baterías que Envision y Acciona han proyectado en Navalmoral de la Mata para que se abasteciera con el litio de Cáceres, pero el presidente de la Junta de Extremadura negó la alcaldesa y aseguró que la fábrica no vino por las minas, sino «porque a esta tierra le ha llegado su hora».
Allá Unión Europea predijo que en 2030 será necesario tener al menos 18 veces más de litio y 5 veces más de cobalto, y en 2050 una cantidad casi 60 veces mayor de litio y 15 veces mayor de cobalto, en comparación con el resumen actual de la economía de la Unión en su conjunto, para las baterías de los vehículos eléctricos y aumento de energía.
