Definimos, de entrada, el marco politico de referencia: el régimen público de la Seguridad Social, salvado por el artículo 41 de la Constitución Española, es el instrumento por el cual los poderes públicos se garantizarán unas “pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente” (artículo 50). Se trata de un modelo que responde a cuatro principios: el reparto –las cotizaciones sociales de los trabajadores están destinadas a financiar los servicios de los pensionistas–, proporcionalidad, gobernanza y suficiencia.
La universalidad de este modelo. distingue entre dos tipos de prestaciones: las contributivas, ligadas a las aportaciones de los trabajadoresdurante sus años de cotización, no hay aportes, que se destina a cubrir las necesidades de las personas que no han cotizado, o no han cotizado los mínimos establecidos. Ahora un informe del ministro Escrivá reveló un descuadre en estos criterios: la Seguridad Social ha pagado durante tres décadas con cotizaciones sociales prestaciones no contributivas, como la sanidad, el complemento mínimo de las pensiones, las bonificaciones de cuotas o las ayudas por nacimiento, en mayor proporción de la que el Estado ha prestado a este organismo dinero procedente de los Presupuestos Generales.
En total, 140.000 millones de euros de gastos asumidos por la Seguridad Social en los últimos 30 años para ser pagado prestaciones que deberian haber cubiertas con impuestos. La magnitud de esta cifra se puede resumir así: se podría pagar más de un año de pensiones de jubilation en España. Aunque si ponemos en el otro lado de la balanza la deuda de la Seguridad Social con el Estado, el saldo (a superávit que podría haber llegado a tener el sistema de pensiones) está valorado en 30.000 millones de euros.
El ministro Escrivá, en su anterior cargo de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), ya alertó de estos «comida inadecuada» y decía que si trasladaban al Estado la Seguridad Social estaría en equilibrio o ligero superávit. The prueba de ello es que el deficit se ha reducido desde 2021 con las transferencias para que el Estado asuma el 100% de las prestaciones no contributivas. En definitiva, se decidirá hacer efectiva la recomendación primera del Pacto de Toledo para preservar la sostenibilidad del modelo: liquidar los gastos no contributivos que ha ido asumiendo la Seguridad Social para volver a una separación efectiva de fuentes de financiación. El histórico desvío del destino de parte de los fondos de las organizaciones no solo es significativo para el volumen de la cifra, sino también porque distorsiona la percepción de hasta qué punto el sistema de pensiones es sostenible.
En términos conceptuales, la defensa del modelo social de referencia vegetal hace referencia a la necesidad de no exagerar el edificio para evitar que se desmorone por exceso de peso, pero lo que no se puede hacer es sobrecargar artificialmente el pilar de las pensiones. Su sostenibilidad ya está en cuestión por razones objetivas: el envejecimiento de la poblacion, el desempleo en los largos ciclos de crisis y las bases de cotizacion de las nuevas generaciones. La hucha de las pensiones, sin embargo, no puede tener agujeros artificiales. Conseguir que la población asuma cualidades son los ajustes necesarios para reconstruir la ha de estar basada en una rendición de cuentas clara y transparente.
