Una demanda presentada en un tribunal federal de Miami por la fiscal general de Florida, Ashley Moody, acusa a una empresa con sede en un apartamento de Kendall de ser líder nacional en la transmisión de millones de llamadas automáticas fraudulentas al extranjero. La demanda busca daños de hasta $1,500 por apelación y $30,000 por día de violación continua.
